La organización Save the Children México pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador revisar el acuerdo que realizó con Estados Unidos sobre política migratoria con personas de Venezuela, debido a que puede vulnerar sus derechos humanos.
“Es necesario que el gobierno mexicano revise su política de cooperación con el gobierno estadounidense, ya que aceptar medidas de este tipo como parte de negociaciones internacionales, puede poner en riesgo la seguridad humana de las personas en movilidad, y derivar en crisis humanitarias”, destacó José Lugo, coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez.
En un comunicado detalló que la nueva medida contempla la recepción de 24 mil personas venezolanas en Estados Unidos; sin embargo, tan solo de enero a agosto de 2022 se estimó que 25 mil 486 personas venezolanas ingresaron irregularmente a México y 23 mil 614 tienen algún estatus migratorio temporal o permanente.
Al respecto, el especialista dijo que medidas como esas han sido las causantes de diversas crisis en materia de derechos humanos y humanitarias, toda vez que no se realiza una evaluación de necesidades ni se toman en consideración medidas de protección para las personas que serán afectadas.
Las políticas que se toman e implementan de la noche a la mañana causan confusión y estrés en la población, y les arrebatan la oportunidad de prepararse, dejándolos a la deriva
osé Lugo, coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez
De esa manera -dijo- que los efectos de las medidas ya se resienten en el país, ya que ya fueron deportados desde le vecino del norte y hay presencia de nuevas caravanas desde Tapachula, Chiapas.
Por esa razón, pidió al Gobierno federal defina de manera inmediata un plan de respuesta humanitaria y los recursos suficientes para acoger a las personas que serán afectadas por esta política; brindar un estatus migratorio regular, a partir de las necesidades y condiciones particulares de cada persona o grupo familiar, con el propósito de facilitar el acceso a derechos, incluyendo la posibilidad de obtener empleo y de buscar en otras ciudades esas oportunidades, con el acompañamiento del gobierno, en tanto se define una solución de más larga duración.
Además, de asegurar que exista una coordinación y atención oportuna y eficaz entre el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Procuraduría Federal y Procuradurías Locales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Sistemas DIF, para proteger a las niñas, niños, adolescentes y familias devueltas bajo este programa.
Finalmente llevar a cabo acciones administrativas y legales en contra las y los funcionarios públicos que se aprovechen de esta situación para extorsionar o beneficiarse de alguna forma en detrimento de las personas en movilidad.
RFH
