La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la absolución total anunciada este viernes por un juez de Control para la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles en el caso conocido como Estafa Maestra, es un acto de injusticia inaudito, debido a que existen pruebas de que la exfuncionaria es responsable por el desfalco.
En un comunicado este sábado, la FGR señaló que dicho caso es uno de los más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para México, que hasta este momento, la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento.
Explicó que esta afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario Robles, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal; ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto.
Acusó que Robles Berlanga no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo; lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva.
Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente; y el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de Juez de Control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario R, es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”, resaltó.
Recalcó que sobreseimiento decretado por dicho juez, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México “es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes. Y declarar que eso “no constituye delito”, es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.
Insistió que dicho juez penal, contrariando lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece con toda claridad la independencia de las responsabilidades administrativas de las penales, utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente, para violentar la ley y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos.
Independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, la Fiscalía General de la República sostuvo que no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia (art. 225, fracción VI, del propio Código Penal Federal).
Un juez mexicano canceló este viernes el proceso penal contra la extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de México en el periodo 2012-2015, Rosario Robles, acusada por el desvío de recursos públicos en lo que se denominó la “Estafa Maestra”.
“Hoy se demuestra, después de más de tres años que tenía la razón, que soy inocente. Siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia y ahora me toca seguir luchando”, expresó Robles a medios de comunicación a la salida de su audiencia en el Reclusorio Sur.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó en una tarjeta informativa que “se inhibe la persecución penal (en contra de Robles) y cesan las medidas cautelares, por lo que el juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal 314/2019”.
Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Paredes, definió que la exfuncionaria en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) deberá seguir su proceso por la vía administrativa.
Con información de López-Dóriga Digital
