De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el estado de Campeche cinco delitos de alto impacto, en especial dos que afectan a las mujeres, se incrementaron de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo lapso del 2021.
La incidencia en el delito de violación se disparó hasta en 85.7 por ciento, ya que las carpetas de investigación pasaron de 49 a 91 entre un periodo y otro.
En otro ilícito que afecta a las mujeres, el feminicidio, se reportó un alza del 66.6 por ciento, ya que en los primeros diez meses del 2021 se presentaron seis casos, mientras que en el mismo periodo de este 2022 la cifra fue de diez.
En el estado gobernado por Layda Sansores San Román, el delito que más creció fue el de extorsión, con 525 por ciento, toda vez que las averiguaciones pasaron de 12 a 75 en el periodo analizado.
Además, el narcomenudeo creció 53.5 por ciento, toda vez que de enero a octubre del 2021 se abrieron 120 expedientes, mientras que en el mismo lapso de este 2022 la cifra llegó a 184.
Asimismo, el homicidio doloso presentó un incremento del 12.5 por ciento, ya que las carpetas de investigación pasaron de 136 a 153 entre un año y otro.
Ante la crisis de inseguridad que se vive en la entidad, la oposición en el Congreso local mantiene su exigencia de que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y el fiscal general de Justicia, Renato Sales Heredia, renuncien o sean destituidos, ante la falta de resultados en el combate a la delincuencia.
El primero en plantear tal exigencia fue el diputado local de Movimiento Ciudadano, Jesús Aguilar Díaz, en un posicionamiento que tuvo el respaldo del dirigente del PRD en el estado, José Segovia Cruz.
Las extorsiones, que crecieron 525 por ciento en los primeros diez meses de este año, afectan principalmente a comerciantes establecidos, quienes en reiteradas ocasiones han exigido a las autoridades mayores garantías para desempeñar su actividad.
En días pasados, Mauricio López Contreras, presidente de la Alianza de Microcomerciantes y Emprendedores “Alonso Felipe de Andrade”, afirmó: “Es evidente que el crimen organizado ha vuelto a sentar sus bases en el estado”.
En tanto, colectivos feministas publican todos los días mensajes en las redes sociales para exigir justicia por el crimen cometido en contra de una joven de 23 años, de la comunidad Imí, el pasado 9 de diciembre, quien fue violada por un hombre que le había prometido empleo.
