La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sugirió la posibilidad de un adelanto de elecciones generales, “si la situación lo amerita”, y también criticó, a través de la cancillería, las declaraciones de las autoridades de México sobre la situación del destituido expresidente Pedro Castillo, que ha pedido asilo a ese país.
En declaraciones a la prensa, la mandataria dijo que la Constitución precisa que su responsabilidad al frente del Ejecutivo es “hasta el 2026” para concluir el periodo de Castillo, elegido el año pasado con ella como vicepresidenta.
Pero añadió que “si la sociedad y la situación lo amerita, adelantamos elecciones, en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar”.
Asimismo, al ser consultada sobre la solicitud de asilo hecho por el detenido expresidente Castillo a México, Boluarte respondió que “lo que diga el derecho de asilo para el expresidente y su familia ya lo tendrá que validar el gobierno mexicano”.
Reiteró que Castillo dio “un golpe de Estado” el pasado miércoles, que sorprendió incluso a sus ministros quienes renunciaron “en cascada”, pero que ella “quisiera en algún momento visitarlo y saber qué pasó”.
La cancillería peruana convocó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las “expresiones de las autoridades mexicanas” que, a juicio del gobierno, “constituyen una injerencia en los asuntos internos” de Perú.
“Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, rezó un comunicado de la Cancillería, actualmente sin ministro titular, tras la renuncia de César Landa, quien abandonó el cargo acusando a Castillo de dar un golpe de Estado y pedir ayudar internacional para frenarle.
La información aclaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores le transmitió a Monroy “la extrañeza que han generado en el Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, respecto a los procesos políticos en el país”.
Respecto al derecho de asilo invocado por Castillo, “se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen”.
López Obrador reveló el jueves en su conferencia matutina que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México en el país andino.
“Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono”, dijo López Obrador.
Además, dijo que instruyó a Ebrard para que hablara con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Castillo para que solicitara asilo.
“Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ni si quiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, acotó.
Castillo fue arrestado “en flagrancia” por su propia escolta, minutos después de ser destituido por el Congreso.
Además de la reacción sobre las autoridades mexicanas, la cancillería de Perú también convocó el viernes al encargado de negocios de Colombia en Lima “y le expresó su extrañeza por las declaraciones de autoridades de ese país sobre los acontecimientos recientes”, según informó en Twitter.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para Castillo.
“Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo (sic)”, expresó Petro en Twitter.
Castillo fue destituido el miércoles por el Congreso por “permanente incapacidad moral”, poco después de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia.
En este sentido, la Cancillería peruana recordó a Colombia que en Perú “existe pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes, lo que garantiza el acceso de todos nuestros ciudadanos a una justicia independiente”.
Con información de EFE
