Un juez federal ordenó la aprehensión de 22 personas, entre exfuncionarios y particulares, vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por un desfalco multimillonario al patrimonio de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, de las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex, cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron y seis fueron las beneficiaras de los recursos de Segalmex que fueron desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, explicó la FGR.
Además, precisó que este caso corresponde a la sexta judicialización que la FGR ha realizado en cuatro carpetas de investigación, en torno a desfalcos en contra de Segalmex, y aclaró que existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado en contra de dicha institución del Estado mexicano.
Segalmex es uno de los organismos creados durante la actual administración federal y no aclaró el destino de nueve mil 500 millones de pesos, por lo que la FGR comenzó las indagatorias en 38 denuncias contra funcionarios por uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la óptica de delincuencia organizada.
Las anomalías fueron detectadas en primera instancia por la Auditoría Superior de la Federación, en las cuentas públicas de los primeros años del presente sexenio, por lo que dio vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Posteriormente, la SFP realizó 84 actos de fiscalización al organismo, conocido como la Conasupo de la 4T, desde el 2019 y hasta el 2022.
La Razón publicó, el pasado 14 de noviembre del 2022, que durante la auditoría 327-DE, correspondiente a la Cuenta Pública del 2020, se revisaron tres contratos con dos empresas, pero “se observaron diversos incumplimientos contractuales que violaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de que no hay informes por prestación de servicios por más de 909 millones de pesos; mientras que en un contrato de fletes se pagaron nueve millones de pesos, a pesar de que estaba fuera de vigencia.
El 30 de septiembre del año pasado, Leonel Cota Montaño, director de la dependencia, dijo a este diario que se habían interpuesto 32 denuncias penales ante la FGR en contra de quien resulte responsable por el desvío millonario contra la institución en los años 2019 y 2020, las cuales se suman a las 38 que interpuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), tres de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una de la diputada panista María Elena Pérez Jaén.
Sin embargo, hasta el momento sólo hay una persona detenida por la serie de desfalcos. Se trata de René Gavira Segreste, extitular de la unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, quien fue vinculado a proceso por su responsabilidad en una presunta inversión de 950 millones de pesos, sin respetar la normativa. Retiró el dinero en efectivo y lo depositó en instrumentos financieros, violando la normativa federal.
De esta manera, la SFP detectó faltantes por más de nueve mil 518 millones de pesos, por lo que promovió 38 denuncias ante la FGR. Además, el Órgano Interno de Control de Segalmex corroboró lo que había denunciado la ASF y abrió 618 expedientes por presuntas responsabilidades de servidores públicos.
El pasado 2 de marzo, la auditora especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Claudia Bazua Witte, aseguró en la Cámara de Diputados que los desvíos financieros y demás anomalías identificadas en la operación del organismo ya representaban un caso emblemático para el país, e incluso algunos analistas lo han calificado como “la nueva Estafa Maestra”, por las cantidades tan grandes que se han detectado en las irregularidades.
Las identidades de las 22 personas que serán buscadas por la Fiscalía General de la República se desconocen, debido a la secrecía de las investigaciones.
Ignacio Ovalle Fernández, quien fue director de Segalmex a partir del 2018, fue separado de su cargo en abril del 2022, en medio del escándalo debido a estos desfalcos, aunque fue reubicado y nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).
