El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para evitar la operación de los llamados monta deudas.
El dictamen aprobado prohíbe a las instituciones de crédito solicitar acceso a la información privada como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales de los clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera, salvo las indispensables de acuerdo a las políticas de prevención.
Las sanciones en la ley establecen prisión de uno a seis años a las personas que por sí, a través de otra persona o por medio de nombres comerciales se ostenten a frente al público como intermediario o entidad financiera sin contar con la autorización correspondiente.
El documento establece que estas penas aumentarán hasta en una mitad cuando la conducta se realice a través de la utilización de aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago y plataformas que ofrezcan servicios digitales, redes sociales o servicios por internet.
El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) dijo que esta reforma es resultado de la demanda social de miles de familias que han sido extorsionadas por chantajistas, agiotistas y defraudadores disfrazados de organismos financieros, “mejor conocidos en el bajo mundo como los monta deudas”.
“Estos monta deudas hoy su fiesta de robarle al pueblo de México llegó a su fin (…) 600 mil familias el año pasado fueron defraudadas con su capital; préstamos desde 500 pesos hasta 20 mil pesos con tasas de interés anual del 250%, y lo más grave, utilizando aplicaciones de celular con lenguaje financiero falso, caía la gente por necesidad en pedir estos créditos y al decir sí a las aplicaciones electrónicas les bajaban sus fotos, sus datos, les bajaban su información personal, sus videos, sus audios, y con esa información a sus conocidos les cobraban amedrentándolos con sus propias fotos”, señaló.
Agregó que se utiliza el sistema bancario mexicano para prestarles el dinero que luego salía del país, ya que 85% de estos monta deudas que se han detectado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras fiscalías generales de justicia de otras partes del país, son extranjeros.
“Prestan dinero que no sabemos de dónde viene, que no sabemos a dónde va, que no paga impuestos, pero sí pone en riesgo la integridad de las familias mexicanas”, acusó el priista.
LEG
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