Este lunes, habitantes del pueblo Jesús María, lugar donde fue arrestado Ovidio Guzmán, intentaron ingresar al Palacio de Gobierno en donde se encontraba el gobernador Rúben Rocha Moya, con el objetivo de exigir la retirada de los militares que permanecen en la zona.
El grupo de denunciantes rompió una puerta para ingresar al Palacio de Gobierno, mientras uno de ellos exclamó que “esto no es nada comparado con lo que hicieron en Jesús María”, al referir que, durante los días que duró el operativo, se agravó el ambiente en el poblado y los militares comenzaron a actuar en contra de la población.
“Nosotros somos familiares, y estamos aquí porque verdaderamente fue una masacre lo que hicieron. Ahorita lo que queremos es que el gobierno se vaya porque los niños tienen miedo nomás de ver a los militares“, declaró una mujer.
Con carteles y gritos, los manifestantes exigían ver al titular del Ejecutivo, al mismo tiempo que reclamaban los atropellos que sufrieron mientras el Gobierno federal capturaba al hijo de “El Chapo” Guzmán.
Los residentes de Jesús María exigieron justicia por los tres días que estuvieron tirados en el suelo, mientras los enfrentamientos se suscitaban. Además, pidieron la liberación del pueblo, por parte de elementos de las corporaciones de seguridad.
“Ayer tenía más de 40 militares en la casa, se robaron todo, comida y todo. Han cometido muchos atropellos, hay hasta niños heridos”, comentó una manifestante.
Relató que a pesar de que el gobierno ya había cumplido su cometido, capturar a Ovidio Guzmán, los enfrentamientos no cesaban, mientras estaban en penumbra debido a la falta de luz eléctrica y en la incertidumbre por no poder comunicarse con nadie, sin saber qué estaba pasando.
“¿Qué negocio tiene el Gobierno en mi casa durante la noche? El niño se fue a esconder debajo de la cama por el miedo”, señaló.
El pasado 5 de enero fue recapturado Ovidio Guzmán, en medio de un fuerte operativo en el que participaron fuerzas federales, situación que desató narcobloqueos y balaceras en distintas ciudades de Sinaloa, principalmente en Culiacán.
Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado al respecto.
Con información de Cristina Ceja.
AM
