El proceso por medio del cual se designará a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fue pausado.
El freno es un efecto de la decisión tomada por unanimidad dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que acordó acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En ésta se revocó el acuerdo emitido por la Cámara baja en cuanto al proceso de designación del Comité Técnico de Evaluación, la convocatoria para la elección de las y los consejeros y de los criterios específicos de evaluación.
En el fallo se advirtió sobre una intervención inconstitucional por parte de la Jucopo, pues en el acuerdo indicaba que el Comité Técnico debía presentarle dos informes respecto a los aspirantes y el cumplimiento de requisitos, lo cual resulta contrario al artículo 41 constitucional.
Además, instruyó a emitir dos convocatorias en lugar de una: la primera, para la o el consejero presidente y otra para consejero electoral.
Asimismo, determinó que en el acuerdo se deben especificar los mecanismos para garantizar la paridad de género en la integración del Consejo General del INE.
En conferencia de prensa, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que, al ser una sentencia dirigida al Pleno de la Cámara de Diputados, es éste el que debe aprobar las modificaciones hechas a la convocatoria para dar cumplimiento al fallo.
Debido a que en este momento el Congreso de la Unión se encuentra en receso, esto ocurrirá hasta que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, en febrero.
En consecuencia, todas las etapas para continuar con el proceso quedaron suspendidas, lo que incluye la instalación del Comité Técnico de Evaluación, que ocurriría esta semana; el registro de aspirantes, entre el 9 y 20 de enero; la expedición de la lista definitiva de aspirantes que cubrieron los requisitos constitucionales y legales, para el 31 de enero.
“La vamos a acatar, pero se lo reiteré a los coordinadores y a las vicecoordinadoras, que la sentencia ordena al Pleno de la Cámara, no a la Junta (de Coordinación Política); entonces, no podemos nosotros tomar atribuciones que le corresponden al Pleno”, dijo.
Mier Velazco descartó que para esto se vaya a convocar a un periodo extraordinario, pues afirmó que hay tiempo, dado que el proceso de renovación de consejeros se lleva entre 42 y 46 días, y la Cámara baja aún tendrá 56 a partir de febrero.
El diputado morenista dijo que se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos para analizar lo que consideraron una violación a la Constitución y una intromisión al Poder Legislativo por parte del TEPJF, razón por la cual “vamos a iniciar el camino jurídico que nos permita que se le ponga un límite al Tribunal”.
Señaló que esta ruta podrá incluir la promoción de un amparo indirecto o una controversia constitucional, y, “en caso de encontrar otro tipo de delitos de orden penal, como el de prevaricato, alejarse de su obligación que tienen los juzgadores, podríamos también recurrir a la Judicatura Federal para sanciones de carácter administrativo y, en su caso, juicio político”, dijo.
RFH / CEHR
