Aunque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ratificó a los senadores de la 4T el interés del Presidente Andrés Manuel López Obrador por que se apruebe el Plan B de la Reforma Electoral como lo envió la Cámara de Diputados, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, le presentó 21 bloques de “inconstitucionalidades” que deben corregirse.
Tras el encuentro que sostuvieron esta mañana el encargado de la política interna del país con los senadores de Morena, Partido Verde, PT y PES, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dio a conocer que le presentó a López Hernández 21 bloques de inconstitucionalidades, de los cuales el secretario de Gobernación aprobó seis pero se llevó para revisión otros 17.
“El secretario sí planteó el interés de aprobar y de mantener las reformas contenidas en las seis leyes; es su interés y nosotros lo respetamos”, comentó Monreal ante los medios de comunicación.
Sin embargo, precisó que el planteamiento que él hizo es que si no corrigen los elementos de inconstitucionalidad que contienen las seis leyes del Plan B, “damos elementos a la Corte para que sea revisado el actuar del Poder Legislativo”.
Explicó que el secretario de Gobernación aceptó los 70 cambios realizados previamente: “En los que ya se han incorporado está de acuerdo. Pero yo todavía ahora le planteé 21 bloques de inconstitucionalidades, y un bloque contempla o puede contemplar varios artículos. Se aceptaron, hasta ahora, seis de 21”, expuso.
Más tarde, el secretario Adán Augusto López confirmó que durante la reunión con Mónica Fernández Balboa y Rafael Espino, presidentes de comisiones del Senado, y con el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, persistieron diferencias sobre la Electoral.
Refirió que antes del encuentro en el que también estuvieron presentes los integrantes de las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES ya había estado trabajando en el Plan B con la senadora Mónica Fernández y no se habían planteado consideraciones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los cambios en cinco leyes y la nueva legislación en materia de Medios de Impugnación.
El encargado de la política interna del país indicó que el Gobierno federal continúa revisando las modificaciones que realizaron los senadores y es donde no hay concordancia.
“¿Ustedes ven factible que salgan estas modificaciones? Alguna sí; en otras no coincidimos, pero las vamos a seguir revisando”, adelantó López Hernández.
Sin embargo, el funcionario dijo que, por respeto al Poder Legislativo, no revelaría esas discrepancias hasta que concluya el proceso legal.
No obstante, dejó claro que desde el Ejecutivo existe respeto a la decisión de los senadores: “Total disposición. Finalmente, será una decisión de los senadores, por eso nosotros vamos a seguir revisando puntualmente los planteamientos”.
El secretario de Gobernación remarcó que continúan revisando los ajustes planteados en el Senado de la República, por lo que se devolvería a la Cámara de Diputados, de modo que el Plan B posiblemente se aprobaría en un periodo extraordinario.
El Senado de la República avaló en comisiones el Plan B de la Reforma Electoral, con la eliminación de seis bloques de “inconstitucionalidades” que detectó el líder de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, por lo que ahora pasará al pleno para su votación.
En sesiones separadas, ante la falta de quórum para que sesionaran juntas, las comisiones de Gobernación, que preside Mónica Fernández, y la de Estudios Legislativas Segunda, aprobaron los cambios legislativos.
Las reformas son sobre las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de Comunicación Social y la General de Responsabilidades Administrativas, así como la nueva Ley de Medios de Impugnación.
De acuerdo con la senadora Mónica Fernández, cuya comisión avaló las reformas sólo con la presencia de 10 senadores de la Cuarta Transformación y ninguno de la oposición, realizaron entre 150 y 200 cambios para cuidar que el Plan B no contuviera ilegalidades.
Entre esos cambios se incluye el aval de las bancadas mayoritarias a seis bloques de “inconstitucionalidades” que detectó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que incluye los cambios respecto a las causales para la pérdida del registro de los partidos políticos.
Se eliminó la incorporación que establecía el requisito para los partidos políticos de obtener tres por ciento en la mitad de las entidades federativas; sin embargo, se mantiene como causal de pérdida de registro no contar con el nuevo número de afiliados.
Se quitó el criterio que se había establecido en San Lázaro para otorgar financiamiento local a partidos nacionales que perdieron el registro local, así como la transferencia de votos entre partidos mediante candidatura común.
Otros de los cambios establecidos fue la eliminación de la obligación al INE para que entregara propuestas de reformas a leyes electorales, la paridad obligatoria para la integración de las cámaras del Congreso y lo relacionado con el autogobierno indígena.
Las comisiones también avalaron ajustes como el que considera que para la impresión de materiales electorales en lenguas indígenas se contemple el respaldo de la Secretaría de Educación Pública y otras instancias gubernamentales.
Indican, por ejemplo, en el proceso de reelección, que en caso de que se haga una redistritación, el legislador que fue electo por determinado distrito podrá postularse aplicando la entidad o la circunscripción.
Otro ajuste refiere que en lo que respecta al voto en el extranjero, originalmente se incluía que fuera aplicable en ejercicios de consulta popular y con los ajustes se establece sólo para elecciones para definir cargos de elección popular.
También se eliminó el criterio de que los partidos pudieran utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como para la elección federal o local siguiente.
En cuanto a la rendición de cuentas, se ajustó el dictamen relacionado con los registros contables en tiempo real, que originalmente daba un margen de 20 días, y se corrigió para dejarlo en tres, en el caso de gastos relacionados con precampañas o campañas, mientras que los 20 días sí se consideran para los gastos ordinarios.
No obstante, se ajusta que “no será aplicable el tiempo real para el registro de operaciones que se realicen a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización”.
Los dictámenes aprobados por las comisiones —la de Estudios Legislativos Segunda registró una votación de siete votos a favor, tres en contra y una abstención del senador del Partido Verde Raúl Bolaños-Cacho— serán sometidos a votación en el pleno del Senado, donde también se expondrán las reservas.
Los legisladores de oposición, que sí participaron en la segunda sesión de las comisiones, ratificaron su rechazo al Plan B, y señalaron que expondrán todos sus argumentos en la sesión del pleno del Senado, donde, según la agenda que les presentó el morenista Ricardo Monreal, este martes se hará la primera lectura y se someterá a votación el miércoles.
En las sesiones de las comisiones, los senadores de Morena reprocharon a la oposición por no respaldar la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Félix Salgado, senador del guinda por Guerrero, declaró que esta reforma lo que pretende es tener un órgano electoral verdaderamente imparcial y honesto, que se ponga al servicio de la ciudadanía, así como tener una democracia barata, en la que ya no haya derroche.
A su vez, Daniel Gutiérrez Castorena aseveró que el sistema electoral tiene defectos y todo sistema tiene que adecuarse a las nuevas circunstancias y afirmó que esta reforma dejará profundas huellas en el devenir democrático de México.
José Antonio Álvarez Lima, aseguró que lo que no es intocable es la burocracia que se ha adueñado del nombre del INE, “dos o tres consejeros protagónicos, compulsivos”.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, identificó 21 bloques de inconstitucionalidades en el Plan B de la Reforma Electoral, los cuales presentó al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.
Entre las inconstitucionalidades que detectó destacan todas las referentes al debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluye lo relacionado con cambios en el Sistema Nacional de Elecciones; su limitación en cuanto a facultades reglamentarias y fiscalizadoras; la eliminación de las 300 juntas distritales para crear órganos auxiliares, lo que incluye reformas el procedimiento para designar a los funcionarios de casilla; la creación de una Comisión Administrativa y la eliminación de la Secretaría Ejecutiva, de la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Explica que otra falta constitucional en cuanto a la estructura del INE es la destitución del secretario ejecutivo, la designación del titular del Órgano Interno de Control y la ratificación de los consejeros electorales, porque todos estos elementos violan la autonomía del instituto, que se establece en la Carta Magna.
Otro factor, señala el análisis realizado por el presidente de la Jucopo del Senado, es la limitación en la facultades constitucionales de los organismos públicos locales electorales (OPLES).
Por otra parte, refiere que va contra la norma constitucional la limitación que establece el Plan B al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la emisión de sentencias, es decir, la limitación de su jurisdicción tanto en litigios de elección interna de dirigentes como de los candidatos a cargos de elección popular.
Indica que las restricciones tanto al INE como al TEPJF en estos aspectos limitan las sanciones a los infractores de la legislación electoral.
Respecto a la estructura del TEPJF, advierte Monreal, también es inconstitucional que se plantee la eliminación de la Sala Regional Especializada, que actualmente se encarga de revisar los recursos sobre los procedimientos sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos.
En materia de propaganda, apunta el documento, las reformas a la Ley General de Comunicación Social son contrarias al artículo 134.
A estos elementos se suman el requisito para duplicar el número de afiliados requeridos para los nuevos partidos; la definición de la votación válida emitida, que incluye a candidatos independientes en la deducción de votos, lo que contraria a la Carta Magna, y el voto en el extranjero por Internet.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó la demanda del bloque de contención de ampliar el debate sobre el Plan B de la Reforma Electoral, por lo que la oposición señaló que el político zacatecano quedó mal ante los ciudadanos, ya que fue quien originalmente se comprometió a no aprobarlo en “fast track”.
Tras la negativa de Monreal, los líderes de la oposición puntualizaron que ya cuentan con los elementos suficientes para proceder con la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque desde el proceso legislativo, hasta el contenido de las seis leyes, tiene un cúmulo de “inconstitucionalidades”.
“Se expresó con toda claridad, por parte del bloque de contención, el riesgo de fractura; es un golpe a la democracia. Una reforma político electoral sólo con los votos del Gobierno es apostar al conflicto. Quien siembra conflicto, va a cosechar violencia; que se hagan cargo López Obrador y sus seguidores”, advirtió el senador Emilio Álvarez Icaza.
En conferencia de prensa, los integrantes del bloque de contención manifestaron su molestia y desagrado con la actitud del líder de la mayoría, porque remarcaron que fue quien originalmente se comprometió a no aprobar el Plan B sin una verdadera revisión.
“Con quien quedó mal es con la ciudadanía, que fue con quien ofreció que no habría ‘fast track’; apenas anoche se circuló el dictamen y no creo que hayan acudido los integrantes de las comisiones”, sostuvo Alejandra Reynoso, del PAN.
En el mismo sentido se expresó el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, quien dijo que “si alguien tiene un compromiso público, se hace cargo de sus palabras. Exigimos que quien se asume como demócrata, lo demuestre. Este es el momento de los demócratas, que se pronuncien y cumplan con su palabra”.
El priista Miguel Ángel Osorio Chong expresó que todo lo aprueban entre los mismos de Morena y se aplauden a sí mismos, y dijo que “el tema de la vergüenza tampoco lo conocen”.
El senador Miguel Ángel Mancera apuntó que el bloque de contención ya realiza un estudio constitucional serio y detallado para presentar la acción de inconstitucionalidad correspondiente.
Comentó que hay varias inconsistencias que llevan a inconstitucionalidades, porque se quita toda la facultad de autonomía presupuestal del INE, que ya fue resuelto a favor del órgano electoral por la SCJN; la afectación a más de mil 200 trabajadores del instituto; se limitan las facultades constitucionales de los OPLE; se modifican las causas para la pérdida de registro de partidos, entre otras que incluirán en su recurso.
Al respecto, el senador panista Damián Zepeda dijo que demandarán a la Suprema Corte que no “patee el bote”, sino que resuelva en lo inmediato la acción de inconstitucionalidad que presentarán.
La senadora del PRI Claudia Anaya subrayó que la Corte tiene la responsabilidad de atender este tema y dijo que entre los recursos que se presentarán habrá algunos colectivos y otros individuales.
Asimismo, el senador Emilio Álvarez Icaza sostuvo que, además de la ruta de la Corte, convocan a los ciudadanos a movilizarse en redes sociales y de manera presencial, por lo que se prevé que este martes y miércoles haya movilizaciones en las inmediaciones del Senado.
Subrayó que es fundamental advertir e informar al pueblo de México que la decisión para modificar la legislación electoral en el país sólo es responsabilidad de la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación, a quienes advirtió que también tendrán que asumir lo que hicieron ante la construcción del “conflicto que viene para 2024 y los comicios sucesivos”.
El senador Clemente Castañeda enfatizó que el bloque de contención está firme y unido para dar la batalla contra el Plan B.
“Hoy, el bloque de contención está más firme y unido que nunca; vamos a dar la batalla más enérgica, vamos a utilizar todas las herramientas políticas y legales para tratar de frenarlo”, declaró.
Exconsejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) demandaron al Senado de la República que realice un verdadero análisis, con foros de debate, antes de aprobar de manera definitiva el Plan B de la Reforma Electoral.
Advirtieron que la enmienda dejará a una autoridad electoral mutilada y a los partidos políticos intocables.
Rodrigo Morales, Alfredo Figueroa, Marco Baños y Arturo Sánchez acudieron al Senado a entregar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, la carta que firmaron 19 exconsejeros electorales, en la que manifestaron su preocupación por las consecuencias que traerá la reforma.
Entre los firmantes de dicho posicionamiento están los exconsejeros presidentes del órgano electoral, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita.
En conferencia de prensa posterior, explicaron que incluso el líder de la mayoría legislativa coincidió con ellos en algunas preocupaciones y confiaron en que también le compartieran la carta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien Monreal Ávila estaba reunido en ese momento.
El exconsejero Alfredo Figueroa señaló que, ante la responsabilidad que tiene el Senado con esta reforma, se requiere de una discusión amplia, pública y transparente, antes de tomar decisiones en contra de una institución como el INE.
“Advertimos que estas reformas contienen elementos que pueden ser regresivos para la vida electoral y ponen en entredicho la posibilidad de tener elecciones libres y confiables”, dijo.
El exconsejero Marco Baños detalló los elementos del Plan B que observaron como riesgosos y señaló que uno de ellos es que se establecen disposiciones para blindar la vida interna de los partidos, de modo que el INE no podrá revisar sus decisiones; “es decir, se da un carpetazo a la democracia interna”.
Mencionó los alcances que podría tener el hecho de que los servidores públicos puedan conducirse libremente, en un esquema de campaña, favoreciendo al oficialismo; la reducción al 84 por ciento de los miembros del servicio profesional electoral, y los ajustes en cuanto a los medios de impugnación.
“Uno de los efectos visibles de la reforma será dejar un árbitro mutilado, sin posibilidad de sacar tarjetas amarillas, sin dientes, y partidos intocables. La reforma del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está generando condiciones de ventaja para los competidores del partido mayoritario y dejando sin equidad al resto de los contendientes”, aseveró Baños.
El exconsejero Arturo Sánchez puntualizó que ellos acudieron al Senado, en su calidad de ciudadanos preocupados por los alcances de una reforma que afecta la organización de las elecciones y no garantiza condiciones de equidad.
A su vez, el exconsejero Rodrigo Morales destacó que también tuvieron un acercamiento con los coordinadores parlamentarios de las bancadas que conforman el bloque de contención.
