El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó 700 millones de dólares -13 mil 622 millones de pesos, al tipo de cambio de ayer- al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar una parte de la Pensión de Bienestar para Adultos Mayores.
Es decir, una fracción del programa insignia de la llamada Cuarta Transformación podría costearse con recursos provenientes del extranjero y de un organismo internacional, el cual ha sido criticado por el mandatario nacional en los últimos días.
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24 HORAS cuenta con un cúmulo de documentos que comprueban que el Gobierno federal solicitó el préstamo del organismo, con sede en Washington, y éste fue autorizado para utilizarlo en los apoyos de pensiones no contributivas.
El crédito fue aprobado el 28 de septiembre pasado, pero se gestionó antes desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Rogelio Ramírez de la O.
Según un oficio del 11 de agosto pasado, Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la dependencia federal, pidió a Mauricio Claver-Carone, director del BID, el apoyo del organismo para otorgar los recursos.
En el documento, el funcionario señala que el Gobierno federal impulsó que se elevará a rango constitucional el derecho universal de los adultos mayores a recibir una pensión, por lo que para millones de mexicanos se ha convertido en su principal sustento.
“Se considera pertinente contar con apoyo a las reformas de política pública de tipo programático y que se desarrollan bajo los siguientes temas: mantener un marco macroeconómico estable, apoyar en el desarrollo del marco normativo para mejorar la pensión no contributiva nacional”, indica el documento de la SHCP.
A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo señaló que “el total de la operación serían 700 millones de dólares, con cargo al Capital Ordinario bajo la modalidad de Apoyo a Reformas de Políticas”.
El organismo internacional abundó que “el programa apoyaría las políticas del Gobierno de México dirigidas a 12.9 millones de adultos mayores de 65 años y 69.9 millones de trabajadores con una cuenta individual administrada por alguna Afore”.
Indicó que “el Gobierno de México ha solicitado apoyo al Banco para implementar las reformas de pensiones y contribuir a resolver los problemas estructurales de los sistemas”.
El crédito está planeado para pagar a 20 años y servirá para apoyar “los cambios necesarios para que los montos de esa pensión sean suficientes para cubrir, al menos, el monto equivalente de la línea de pobreza extrema para zonas rurales y urbanas”.
A su vez, servirá “como insumo para medir el efecto real de la Pensión No Contributiva en el bienestar de los adultos mayores, con lo cual se podrán fundamentar mejoras en su diseño y funcionamiento, particularmente su efectividad y sostenibilidad”.
El diagnóstico del organismo financiero indica que México “vive un envejecimiento acelerado que generará mayor demanda de pensiones. Para 2040, la población de más de 60 años será de mayor tamaño que la menor de 15 años”, por lo que el país deberá de contar con suficiencia presupuestal para otorgar los apoyos.
En una tarjeta informativa, el pasado martes la SHCP señaló que “el Gobierno federal ha financiado los programas sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración”.
Al criticar la elección del nuevo director del BID, hace unos días, el presidente López Obrador calificó a ese organismo como “más de lo mismo” y aseguró que continúa con políticas de corte neoliberal.
En mayo de 2020 entró en vigor la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a una pensión universal.
La pensión tendrá en 2023 un presupuesto superior a los 93 mil millones de pesos, con un pago bimestral de cuatro mil 800 pesos por beneficiario.
El Presidente ha prometido que para 2024 el apoyo será de seis mil pesos bimestrales para cada adulto mayor.
Según un documento del Senado, para el primer año de la próxima administración federal, el apoyo a adultos mayores podría costar más de 400 mil millones de pesos y, para 2050, se proyecta un gasto de dos billones de pesos solo en esa ayuda social.
En la votación legislativa de ese asunto, los partidos de oposición se pronunciaron en contra, con el argumento de que no había certeza de las fuentes de financiamiento para cubrir esos apoyos en el futuro, mientras que, dos años después, el BID, a petición de México, le aprobó un préstamo de 700 millones de dólares para impulsar ese programa.
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