¿Por qué la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar la rendición de cuentas de las obras que presume emblemáticas de su administración?
No solo se trata de las de este sexenio, sino de las obras que realizó como jefe de Gobierno del anterior Distrito Federal, hoy CDMX, como los segundos pisos, cuya información fue reservada por Claudia Sheinbaum por órdenes de López Obrador.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el “decretazo’’ de noviembre del 2021, con el cual López Obrador pretendía declarar de “interés nacional’’ las obras de infraestructura como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles.
Igualmente, con dicho decreto López Obrador pretendía anular las facultades del Inai para solicitar y entregar la información de dichas obras que la ciudadanía eventualmente demandara.
El Presidente respondió con otro decretazo, mediante el cual declara de “seguridad nacional’’ el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, con los mismos argumentos utilizados en el decreto que ayer le tiró a la basura la Corte.
El argumento para la presentación del primer decreto fue que mediante la declaratoria de “interés nacional’’ se frenaran los amparos que diversas organizaciones habían interpuesto en contra de la construcción del Tren Maya.
Ahora la construcción, que sigue siendo impugnada pero ya no con la lluvia de amparos de meses pasados, no corre peligro de ser detenida.
Sin embargo, unas de las razones que explicaría la terquedad presidencial es la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de las obras de las que busca ocultar -porque esa es la palabra- la información que debe ser pública.
Como sabe, el personal militar fue habilitado, encargado por órdenes presidenciales, no sólo de la construcción de los aeropuertos Felipe Ángeles y el de Tulum, sino de la administración de los aeropuertos de Palenque y Chetumal.
La pregunta para los constitucionalistas es si este nuevo decreto está invalidado de antemano por la resolución de la Corte o, como lo explicó el doctor Francisco Burgoa, se promulgó aprovechando que el Inai no puede sesionar por falta de quórum y por lo tanto no habría quién pudiera impugnarlo.
Lo podrían hacer, en teoría, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, en manos de una matraquera de Morena, eso es imposible; la presidencia de la Cámara de Diputados podría hacerlo, aunque también se ve complicado.
Como sea, la impresión que queda en la sociedad es que López Obrador se niega a reconocer la división de Poderes y que su administración no es, como mucho, la reina de la transparencia que presume ser.
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La presidenta de la Corte, Norma Piña, reconoció como suyos los mensajes que mostró el miércoles el senador Alejandro Armenta.
Evidentemente, la confirmación de su autoría -de la cual dudamos muchos, incluido quien esto escribe-, le generó ser tendencia en Twitter por varias horas: unos a favor, pero mayoritariamente en contra por cientos de cuentas ligadas a Morena.
A favor de quienes reconocieron “el valor de la ministra’’ de aceptar la autoría de los mensajes y en contra de quienes aseguran que “debía renunciar’’ por haber “amenazado’’ al senador Armenta.
El poblano dijo que demandará penalmente a la ministra por esas “amenazas’’, que son más una interpretación del senador que una declaración específica como tal.
A ver.
LEG
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