El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, “por lo que a él le corresponde”, siempre tuvo colaboración tanto del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, así como de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda, para encontrar la verdad en el Caso Ayotzinapa.
Las declaraciones del mandatario mexicano vienen después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la intromisión y obstrucción de la Fiscalía y el Ejército mexicano para indagar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años.
“Ayer con todo respeto a los expertos, que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la Fiscalía y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que en lo que a mi me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal (Gertz Manero) ha sido de colaboración“, dijo.
No tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedo, de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes, eso es mi testimonio”, adujo.
“Y lo mismo en el caso de la Sedena, toda la información que solicitaron quienes están en la Comisión se les entregó. Yo personalmente hablé con el secretario (de la Sedena), el almirante (de la Marina), con todos, para que se entregara todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos, por eso también se avanzó”, puntualizó.
Ángela Buitrago denunció que en la FGR “los hechos concretos sí es categóricamente que se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.
Mientras que Francisco Cox acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de “romper” el acuerdo que en junio de 2019 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
“Desde un inicio, observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales”, aseveró.
Además, el GIEI difundió una investigación que muestra que el Ejército intervino con programas de espionaje como Pegasus las comunicaciones de autoridades, el cártel de Guerreros Unidos y familias de los estudiantes, incluso en tiempo real mientras ocurrían los crímenes.
La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad que reconoce la participación del Ejército y los da por muertos.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
