Al dolor de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a ocho años de su desaparición, se le suma ahora el retroceso y la burla que ven desde el Gobierno ante la falta de resultados en la investigación para dar con el paradero de sus hijos y las filtraciones que se han dado de la indagatoria.
Luego de una caminata desde el Ángel de la Independencia, que se prolongó poco más de dos horas, y en la que participaron siete mil manifestantes, los familiares llegaron hasta la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
Parados sobre un templete frente a Palacio Nacional, sosteniendo lonas con los nombres y rostros de los normalistas, los padres y madres acusaron que se han abierto guerras internas en el Gobierno en contra de los funcionarios que han mostrado compromiso con el caso.
Para ellos, las recientes filtraciones, “que nos han causado dolor”, que dan cuenta detallada de la forma en que, se presume, habrían sido desaparecidos los normalistas, es una estrategia de las propias autoridades para entorpecer la investigación y la obtención de justicia.
“Los perpetradores tienen voz en los medios, mientras nosotros, las víctimas, pasamos tragos amargos… Son señales funestas que presagian impunidad. Nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos”, dijeron en su posicionamiento.
Los familiares también reprocharon el desistimiento de la Fiscalía General de la República respecto a las órdenes de aprehensión que se habían girado en contra de 16 militares involucrados.
“Que no los estén cubriendo (a los militares). Nosotros sí lo sabíamos, sabíamos que fueron llevados al batallón 27, a ellos los llevaron ahí. Gracias a los expertos, derrumbamos la mentira de Murillo”, refirió Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez.
Otra de las madres, Joaquina Velázquez, rechazó el pésame externado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que para ellos no se han presentado las pruebas suficientes de que sus hijos ya no se encuentren con vida.
En sus discursos individuales, los padres coincidieron al exigir que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y los demás funcionarios, dejen el cargo si no cuentan con las capacidades para aplicar la justicia.
Antes de la manifestación, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, denunció presiones detrás del retiro de las 21 órdenes de captura contra presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes.
Señaló a La Razón que para los familiares de los normalistas existe un retroceso en el proceso de justicia que demandan y acusaron que el retraso radica tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Presidencia y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dijo que la cancelación de las órdenes de aprehensión solicitadas por ministerios públicos diferentes al encargado del caso es una situación grave y, mucho peor, que estas acciones cuenten con el respaldo presidencial.
Recordó que, tras la aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam, pensaron que había perspectivas positivas y avances, sobre todo porque se acompañó con 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 eran para militares y ahora se desistieron en 16 casos.
“Cómo es posible que eviten responder ante la justicia y presionen para que retiren las órdenes de aprehensión; si no tienen responsabilidad, entonces deberían responder por la vía legal, por la vía jurídica, pero no; optan por las presiones y confirman las irregularidades”, manifestó.
Rosales Sierra dijo que para las familias de los normalistas esta situación es grave, porque es una muestra que desde el Ejército se presiona al poder civil para evitar la rendición de cuentas.
Aseveró que, desde la perspectiva de los padres, el problema radica en la FGR, que no ha seguido los procedimientos de manera adecuada ni ha realizado las investigaciones correspondientes.
Sostuvo que la responsabilidad también recae en la Presidencia y en la Sedena, por evitar la rendición de cuentas.
En entrevista posterior durante la marcha, dijo que, frente a los desistimientos de las órdenes de aprehensión, hay negociaciones debajo de la mesa.
Coincidió con los padres al señalar que el propio Gobierno filtra la información y ahora representa un obstáculo en la judicialización.
Comentó que después del informe presentado en agosto por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y la posterior detención del exprocurador Jesús Murillo, había expectativas de avance hacia la resolución del caso, pero ahora, estas filtraciones y desistimientos son acciones que van en contra y por eso han elevado el nivel de la protesta.
El desarrollo de la manifestación de ayer se dio sin incidentes mayores.
Al final del mitin, el cual inició a las 16:00 horas, un grupo de los autodenominados “anarquistas” realizó actos vandálicos, principalmente en Avenida Juárez, donde rompieron vidrios de establecimientos comerciales.
Personas vestidas de negro y encapuchadas se colocaron al final del contingente y esperaron el avance de los manifestantes para realizar pintas a muchos de los comercios.
Cuando llegaron al cruce de las calles 5 de Mayo y Palma tuvieron un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes trataron de contener las agresiones con cohetones de que fueron blanco.
Los uniformados, en voz del secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, impidieron que los embozados saquearan una tienda deportiva, después de destruir la cortina de acceso.
Los policías se protegieron con sus escudos y repelieron los ataques activando los extintores. El enfrentamiento se trasladó a la calle de Donceles y Palma, donde trataron de encapsular a los agresores, aunque éstos lograron escapar.
Por el enfrentamiento no se registraron personas lesionadas ni detenidos.
El grupo Marabunta, una organización civil que trabaja con personas voluntarias en la observación y defensa de los derechos humanos, resguardó a los padres, vigiló el desarrollo de la marcha e indicó que no tenían registros de disturbios de gran magnitud.
Admite diferencias en su gobierno por el caso
A l cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dentro de su Gobierno hay diferencias y criterios diferentes en torno a lo sucedido con los 43 estudiantes.
Además, le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial que se diera al caso Ayotzinapa trato de asunto de Estado, a pesar de los desencuentros.
“Sí hay diferencias, porque son muchos los intereses. De todos. Esto no es de buenos y malos, no es maniqueísmo, esto es otro asunto; por eso lo estoy atendiendo de manera personal y le pedí a la Fiscalía y le pedí al presidente de la Corte que se atendiera como un asunto de Estado, y que fiscalía, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nos aplicáramos”, dio a conocer el mandatario.
Estas diferencias se vieron reflejadas en el retiro de 21 de las 83 solicitudes de órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR, algunas de ellas en contra de miembros del Ejército.
“Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe —presentado en agosto pasado por su Gobierno—. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación.
—Entonces, ¿no se va a actuar para que de alguna manera se reponga este tema de las 21 órdenes de aprehensión?
—Yo creo que no, no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros”, reconoció el Presidente.
Ante las preguntas de la prensa, aunque sin un mensaje unificado de su Gobierno, el mandatario hizo un recuento de la situación que prevalece luego de las conclusiones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) de su administración, al tiempo en que convocaba a marchar en paz y con orden.
Por principio de cuentas, acusó a sus opositores de buscar que el caso no se esclarezca y provocar que su Gobierno falle en esta promesa a los padres de familia.
“Hay quienes quisieran que falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad y nada ni nadie va a detener este proceso de transformación del país”, dijo.
López Obrador señaló que esta fecha es de luto nacional y aseguró que las investigaciones avanzan para sancionar a los responsables.
“Ya se ha informado que vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio e impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes. Hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables”, advirtió López Obrador.
Detalló que los seis jóvenes que presuntamente fueron retenidos por cuatro días y luego se habría ordenado su asesinato, no fueron llevados al campo militar y aseguró que los militares detenidos deben asumir su responsabilidad, pero ratificó que “eso no significa que toda la institución es responsable”.
A Encinas se le caerá el teatro, afirman abogados
Alejandro Robledo, abogado de un General y de otros tres militares implicados en la desaparición de al menos seis de los 43 normalistas, dijo que las recientes revelaciones en torno a los acontecimientos de Ayotzinapa perjudican más al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, porque deberá probar sus dichos y acusaciones.
“Yo creo que perjudica más al subsecretario Encinas porque se le va a caer el teatro; entonces le perjudica a él, porque es más fácil armar estos informes inconstitucionales. Mejor nos vemos en el proceso penal”, señaló Robledo.
Acerca de las filtraciones informativas de los mensajes que intercambiaron grupos criminales, en los que se establece que supuestamente habrían acordado con los policías y miembros del Ejército la muerte y desaparición de los normalistas, Robledo Carretero calificó de falsas esas versiones y retó a las autoridades judiciales a que entreguen los teléfonos de donde supuestamente salieron esos textos, para someterlos a pruebas periciales.
“No, la verdad no tenía conocimiento de ellos, pero los mensajes son falsos, son fabricados. Primero que nos demuestren, que traigan los teléfonos y que nos los pasen para someterlos a (pruebas) periciales, porque es muy fácil armar un asunto entre ellos”, señaló el litigante.
Al referirse a la suspensión de 21 órdenes de aprehensión, de las 83 que había solicitado en un principio la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado defensor del general José Rodríguez Pérez señaló: “Yo no las he checado, no me consta, pero aparentemente es cierto, pues entonces, ¿cómo está estructurada la acusación? Porque esto no es de poner y de quitar, habla de la desorganización que tiene el subsecretario Encinas con la Fiscalía Especial en relación con el caso, que no tienen idea de lo que está haciendo”, por lo que señaló que era previsible que se cayeran las órdenes de arresto.
Ante los rumores de un posible cambio en la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, Robledo Carretero dijo que es un asunto que lo tiene sin cuidado: “Me da lo mismo quién sea el fiscal especial”.
NADA CONTRA ABARCA. Consultado sobre los mensajes filtrados, Alejandro Rojas, abogado de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala también detenido por delincuencia organizada, destacó que ninguna de las presuntas conversaciones reveladas involucra a su cliente y sólo refiere a una persona identificada como “Yasa”.
“Son puras conjeturas e interpretaciones, porque en las conversaciones no dan número ni dan nombre; sólo dice ‘Yasa’ se comunicó y se hiló o pensaron que se trataba de José Luis Abarca, pero no tiene nada que ver con eso”, expuso.
Señaló que la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión que solicitó la FGR resultan sorprendentes, porque en sus 30 años de ejercicio profesional nunca había visto un caso semejante en que la propia Fiscalía fuera la que solicitara que se eliminaran las órdenes de aprehensión, que supuestamente había solicitado.
Enfatizó, sin embargo, que no lo hizo la Fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, sino que fueron sus superiores jerárquicos quienes procedieron en este tema.
“La FGR nunca había retirado órdenes de aprehensión y esto puede implicar… No sabemos si es que hayan negociado criterios de oportunidad o alguna otra cosa, todos estos que tienen órdenes de aprehensión, porque pues ahí está la solicitud al juez. En 30 años de ejercicio profesional, créame que nunca había visto una cancelación de una orden de aprehensión en esos términos. No sé qué haya detrás de esa cancelación de órdenes de aprehensión”, señaló el abogado de Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda.
Insistió en que la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa no tiene sustento constitucional y las actuaciones que han realizado resultan ilegales.
“Esa comisión de la verdad, la que está en Gobernación, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, no tiene fundamento constitucional para andar haciendo investigaciones. De acuerdo con el artículo 21, el único facultado para hacer investigaciones son el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República; entonces, si hay alguna diligencia, algún acto de investigación, pues lo hacen completamente ilegal”, dijo Rojas Arellano.
PAN reprocha línea de decisiones “infame e inmoral”
El PAN en el Senado reprochó que en el gobierno federal haya una línea de decisiones “infame, inmoral e inhumana” sobre el caso Ayotzinapa, para ignorar a los padres y familiares de los normalistas desaparecidos hace ocho años.
La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, se refirió al tema que La Razón destacó en su portada de este lunes y recordó que uno de los 100 compromisos del Presidente fue darle justicia a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Sin embargo, aseveró que “les mintió”, porque sigue sin haber justicia.
Apuntó que el mensaje es claro cuando en pleno aniversario de la desaparición de los jóvenes normalistas, en lugar de que el titular del Ejecutivo federal los reciba, amanece el Palacio Nacional con vallas para bloquear el paso de las manifestaciones.
“Hoy claramente el Presidente está mandando un mensaje a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, ya que no los quiere ver y no los quiere escuchar, estas vallas tan terribles que están ya montadas en el Zócalo capitalino dan una muestra clara de cómo el Presidente de la República ni los ve ni los oye”, aseveró.
