Y quienes siguen de cerca el proceso morenista en Puebla, donde se renovará la gubernatura en 2024, nos piden no perder de vista el dato relevante que acaba de arrojar una encuesta de la firma Buendía y Laredo: que un perfil que se está llevando a los demás de calle, es el del senador Alejandro Armenta. Y es que de acuerdo con ese estudio, el actual presidente del Senado de la República tiene una preferencia de 36 por ciento entre los morenistas, seguido de Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, quien tiene un 21 por ciento, mientras en un lejano tercer lugar, figura el coordinador de los morenistas en San Lázaro Ignacio Mier. El dato resulta interesante, pues está ponderado por el nivel de conocimiento que los poblanos tienen de los aspirantes, esto es, dos de las variables que el partido guinda suele considerar al aplicar su método de elección de candidato que no es otro que la encuesta. Si Rivera y Mier no aprietan el paso, en una de ésas Armenta sigue aumentando la ventaja. Pendientes.
Desesperación por dar la vuelta a la página en el complicado caso de Matamoros, es lo que observadores del quehacer universitario aprecian en la filtración, ayer, de una iniciativa de Morena, elaborada por el diputado Armando Contreras, con la que se pretendería reformar la Ley Orgánica de la UNAM. Esto, con el propósito de que el rector sea electo por votación abierta y no por la Junta de Gobierno. Sin embargo, más tardó en difundirse la propuesta guinda que en ser señalada ésta como un lamentable distractor, ligado a la situación que detonó el secuestro y asesinato en nuestro país de ciudadanos norteamericanos. El caso, nos comentan, también ha venido a dar cuenta de que la máxima casa de estudios se encuentra en la mira de Morena. Algo que tampoco se obvia, pues se ve venir un tsunami de indignación ante esta intentona de vulnerar la autonomía universitaria.
Luego de que la Fiscalía General de la República informara ayer que obtuvo 22 órdenes de aprehensión como parte de las carpetas de investigación que se han abierto por el caso Segalmex, en este caso por un presunto desfalco de 142 millones de pesos, la gran interrogante que surgió entre propios y extraños es si en la lista se encuentra el nombre de Ignacio Ovalle, quien fuera titular de esa dependencia en la época en la que se cometieron los desfalcos que ya ha acreditado la Auditoría Superior de la Federación. Nos hacen ver que en la oposición ya alistan parque para el debate en caso de que no sea así. La senadora panista Xóchitl Gálvez puso anoche el dedo en la llaga al cuestionar en las benditas redes si entre las órdenes de captura está la de Ovalle y advertir que “estaremos atentos”. Uf.
Y fue en Michoacán donde a iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla alrededor de 5 mil 300 maestros estatales jubilados podrán acceder a servicios de salud y prestaciones del ISSSTE. Y es que el Congreso local avaló la propuesta de destinar recursos de las participaciones federales para otorgar esta prestación a quienes laboraron en el sector educativo. El mandatario estatal destacó el hecho de que en la más reciente visita del Presidente se hiciera el anuncio de esta propuesta que ahora es ya una realidad. “Reconocemos la voluntad de las y los diputados para que, por mayoría se haya aprobado este dictamen, esto es muestra de la sensibilidad y de la solidaridad que debemos tener con quienes tanto dieron por el estado”, declaró. Por cierto que en otras entidades esa demanda magisterial también existe. Así que en este tema de justicia, Michoacán abre brecha.
Y es en Oaxaca donde han iniciado acciones para sancionar presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración que encabezó Alejandro Murat. Y es que ayer, nos dicen, el exdirector del Instituto Catastral del Estado, Jorge Zárate Medina, fue detenido por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en perjuicio de la administración pública del estado. La fiscalía general estatal dio cuenta del operativo que llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ejecutar la orden de aprehensión girada por un juez por conductas delictivas cometidas presuntamente en 2021, y que se encuentran previstas en el artículo 207 fracción IV del Código Penal de la entidad. Por cierto que el gobernador Salomón Jara aplaudió la captura del exfuncionario que, dijo, “ha sido señalado como parte del Cártel del Despojo… estamos pendientes de este proceso para que se haga justicia y se aplique la ley con todo rigor”.
Vaya que el caso de Genaro García Luna sigue siendo la base de los misiles políticos que en estos días se lanzan a diestra y siniestra… Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer una posible relación entre la trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública y el PAN, algo ante lo cual esa fuerza política decidió callar y no dar posturas, al menos por el momento. Pero no fue el único, pues ayer fue abierto el famoso búnker en el que el exsecretario de Seguridad Pública despachaba y motivó una especie de visita guiada. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que su construcción había implicado el gasto de tres mil 346 millones de pesos y que estaba lleno de pantallas “para apantallar”.