Julio César Santamaría Suárez, de 49 años y exagente de la hoy desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), se declaró culpable en Estados Unidos de un cargo de conspiración, donde admitió que utilizó y vendió programas de espionaje en México y la Unión Americana para vigilar a rivales políticos y empresariales.
El exagente de la PGR admitió haber trabajado como intermediario para una empresa llamada Elite by Carga, de la cual que sabía que vendían programas espía destinados a las fuerzas de seguridad a “ciudadanos particulares y políticos mexicanos que pretendían utilizar los servicios con fines privados y políticos”.
Carlos Guerrero, propietario de Elite by Carga y de un consorcio de otras empresas estadounidenses y mexicanas, se declaró culpable el año pasado de un cargo de conspiración, al igual que su director de tecnología, Daniel Moreno. Ambos fueron sentenciados a tres años de libertad condicional.
Santamaría entró a la entonces PGR a mediados de 2002 como policía judicial federal, y en 2006 logró ascender al cargo de agente federal de investigación. Fue en el 2014, cuando dejó el servicio público.
Dos años después inició una operación junto a la empresa Elite by Cago para vender equipo de espionaje de forma ilegal a políticos mexicanos, así como a otros ciudadanos mexicanos como de Estados Unidos.
Los fiscales de EE.UU. no especificaron el papel de Santamaría Suárez en la PGR ni dijeron si había utilizado dicho trabajo a su favor mientras vendía el software para espionaje.
A cambio de su declaración autoridades de EE.UU. aceptaron no acusar a Julio Santamaría de conspirar, junto a Guerrero y Moreno, por fraude informático ni procesarlo por organizar presuntamente la venta de medio kilo de metanfetamina en 2015 en el condado de San Diego, en el estado de California.
Los casos contra Guerrero, Moreno y Santamaría forman parte de un conjunto de pruebas de que los programas espía destinados a investigaciones legítimas de aplicación de la ley se han utilizado ampliamente en México para vigilar y socavar a rivales políticos, activistas de derechos humanos y periodistas.
Con información de San Diego Tribune
