De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza extrema aumentó a 82 millones de personas en América Latina en 2022, a pesar de un descenso de la pobreza en general, en un contexto de desaceleración económica y alta inflación.
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La región experimentó un notorio retroceso en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia.
Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020 la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.
“No se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación, que afecta el futuro de las nuevas generaciones”, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, al presentar el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022.
De acuerdo con el reporte, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32.3 por ciento de la población total, con una disminución de 0.5 puntos porcentuales respecto a 2020. En 2022, el porcentaje bajará apenas, a 32.1 por ciento o 201 millones de personas.
Este año, la pobreza extrema llegará a 13.1 por ciento u 82 millones de personas, cuando en 2021 esa cifra se ubicaba en 12.9 por ciento de la población regional. La explicación para este incremento de la pobreza más aguda son los “efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación”, según el informe.
Si se compara con 2019, el año previo a la pandemia, habrá 12 millones de personas más en pobreza extrema y 15 millones más en situación de pobreza. Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan “un retroceso de un cuarto de siglo para la región”, agregó el organismo regional con sede en Santiago.
En educación, América Latina y el Caribe sufre las consecuencias del prolongado tiempo en que las escuelas se mantuvieron cerradas durante los dos primeros años de la pandemia: en promedio, 70 semanas de cierre de los establecimientos educativos frente a 41 semanas en el resto del mundo. Los jóvenes (de 18 a 24 años) que no estudian ni trabajan de forma remunerada aumentaron de 22.3 por ciento en 2019 a 28.7 por ciento en 2020.
El estudio también indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Además, al examinar distintos índices, entre ellos el coeficiente de Gini (mecanismo utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso), se constató un aumento de la desigualdad.
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