Alguien tendrá que explicar por qué se otorgó un permiso para la construcción de un desarrollo inmobiliario de grandes dimensiones en Jardines del Pedregal. El proyecto Mantik Luis Cabrera consiste en cuatro torres de 40 pisos cada uno, para albergar en su conjunto 776 departamentos. El asunto tiene varias aristas filosas que, de alguna u otra forma, pueden provocar daño. De entrada, el límite permitido en la zona es de 15 niveles, y cada torre tendrá casi el triple. Alguien no está respetando las normas. Luego está el gran impacto urbano que provocará la llegada de 776 nuevas familias a esa zona, que arrastra, como lo dice la directora del patronato, Paula Arizpe, problemas de agua y vialidad. Sabemos que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, libra una batalla por la vía jurídica para echar abajo esa obra antes de que se termine de construir. El Poder Judicial determinará, pero como sea, quedan muchas preguntas en el aire.
Y son varias decenas de organizaciones de la sociedad civil, que defienden las más variadas causas, las que decidieron sumarse para rechazar el llamado Plan B de la Reforma Electoral, al alertar que nos pone en “la antesala de una crisis política mayor, que puede ser evitada si el Senado asume su cabal responsabilidad”. Lo anterior, porque es la Cámara alta la que tiene pendiente avalar la reforma que representa un impacto a la estructura del INE. Agrupaciones como Amedi, Cemefi, Ocupa, Transparencia Mexicana, Rendición de Cuentas, Ancifem, Unidos, Voto por el Clima, Nosotrxs y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática AC, advierten en un pronunciamiento que la reforma impulsada por la 4T pone en riesgo el voto auténtico y las elecciones limpias en México, y anticipa de que avalarse generaría una crisis de credibilidad y desconfianza, un litigio nacional y un quiebre constitucional de consecuencias no sólo electorales, sino en contra de la vida democrática y la estabilidad política del país. Ahí el dato.
Aún hay quien recuerda cuando se decía que en Colima “no pasaba nada”. Pero de un tiempo a la fecha algo pasó y muy grave, como para que la entidad gobernada por la morenista Indira Vizcaíno haya roto el récord de ocho años en la incidencia de tres delitos, entre ellos el de homicidio doloso. Y para no ir tan atrás, baste decir que durante el primer año de la gestión de Indira este flagelo se incrementó en 55.6 por ciento, en comparación con el mismo periodo inmediato anterior. En ese primer año de la gobernadora también crecieron los delitos de feminicidio, extorsión, fraude, trata y narcomenudeo. Las cifras hablan de una gran crisis en materia de seguridad en ese pequeño estado del Pacífico. ¿Qué pasó en Colima? Se preguntan unos. Y otros dónde está la voluntad o la capacidad para cumplir con la tarea de la seguridad. ¡Uf!
Con la novedad de que el pacto del binomio PAN-PRI para repartirse la conducción de las candidaturas de este año y del 2024 sigue sin ser aceptado por su socio el PRD, a pesar de que en días atrás afirmó su disposición para trabajar por un acuerdo respecto al proceso para elegir a la persona que los abanderará en la contienda presidencial. El dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, empezó haciendo señalamientos en voz baja, pero éstos han ido subiendo, tanto que ya señaló a sus aliados de no escuchar el mandato ciudadano que los llevó a reconciliarse como oposición, por lo que insistió en que la designación de su candidata o candidato debe ser resultado de un proceso abierto entre los tres partidos, la sociedad y no de una “élite política”. Parece que en la alianza Va por México algo tendrán que hacer con los reclamos del hermano menor que, aunque tenga menos fuerza, no tiene ganas de quedarse calladito y bonito.
Y es en Coahuila donde parece que las cosas no terminan por componerse para la candidatura a la gubernatura que encabeza Armando Guadiana. Por algo será, nos comentan, que ayer el abanderado del guinda lanzó lo que para algunos es un coqueteo y para otros un buscapiés, al candidato Ricardo Mejía, quien contiende también por la 4T, pero desde las filas del PT. Y es que Guadiana convocó a firmar un pacto de unidad y contra el PRI en la Plaza de Armas. “Yo espero que recapaciten porque los necesitamos, a todos los morenos, a toda la gente de Morena y afín”, señaló el senador con licencia, quien refirió claramente el nombre de Mejía Berdeja. Nos hacen ver que apenas el viernes se conoció que Morena busca suspender, vía su Comisión de Honor y Justicia, los derechos políticos de los consejeros que apoyan al exsubsecretario, así que lo de ayer, también fue interpretado como darle dos opciones a elegir: zanahoria o garrote.
Hoy se reanuda en Nueva York el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con la noticia de que acá en el país tiene cuentas pendientes. Y es que ayer se informó que la FGR tramita una nueva orden de aprehensión contra el exfuncionario, que se sumaría a dos investigaciones —una relacionada con la introducción ilegal de armamento por el caso conocido como “Rápido y Furioso” y otra, por un presunto daño patrimonial— que se encuentran en curso, todas ellas llevadas a cabo por autoridades federales por ser delitos cometidos en el país. Ha trascendido que la orden que gestiona tendría que ver con el delito de enriquecimiento ilícito, sobre la que ya hay un litigio de por medio. El juicio contra García Luna arrancó la semana pasada con el testimonio de Sergio Villarreal, conocido como El Grande, quien hizo señalamientos sobre entregas de dinero que involucran directamente al imputado. Pendientes.