De alguna manera el contenido del informe sobre derechos humanos en el mundo que presentó el Departamento de Estado de EU se conocía.
En el caso de México se reportó sobre problemas que todos conocemos y padecemos. Es cierto que EU no tiene por qué colocarse como el rector del mundo. Hoy en día intervienen muchos organismos internacionales en estos temas, los cuales juegan un papel importante e influyente, con la gran ventaja que están integrados por destacados académicos y especialistas de todo el mundo.
No ayuda que el Presidente se sienta ofendido por una realidad inobjetable. El informe no es un “bodrio”. Forma parte de un trabajo exhaustivo de diferentes instancias estadounidenses sobre el estado de los derechos humanos.
La respuesta airada del Presidente careció de al menos autocrítica, porque una cosa es el discurso presidencial, el cual no se ha movido en este tema ni un ápice, y otra muy distinta lo que muchas personas padecen y viven en el país.
El Presidente se manifiesta con una opinión que mucho tiene que ver con un espíritu antiimperialista, muy de los 60, 70 y 80. Tiene lógica en función de su formación política teórico-práctica, pero está desfasado de un tiempo que es en muchos sentidos distinto a lo vivido en aquellos años.
En el caso de los periodistas si bien este gobierno ha logrado mantener auténticamente una distancia respetuosa con los terrenos de la libertad de expresión, también es cierto que la protección de los periodistas y el respeto hacia ellos son parte de todo el concepto del ejercicio periodístico y en eso ha estado en falta.
Efectivamente a nadie se le censura, pero también resulta que de manera sistemática se les señala, más por que por un ejercicio dialéctico se hace para desacreditar como método de gobernabilidad. Respetar y proteger a los periodistas como función del Estado es ensanchar la libertad de expresión.
El gobierno como eje de la sociedad está obligado a ser vigilante de los derechos humanos. Que éstos no se respeten en ámbitos ajenos a los aparatos de gobierno no soslaya la responsabilidad de los gobernantes. Éstos son quienes deben mirar y atender esta problemática. Existen instancias para ello, pero han sido cooptadas por el gobierno y han perdido autonomía y libertad. Se han convertido en un aparato más de gobierno más que en una instancia del Estado y la sociedad mexicana.
El problema pasa por la falta de autocrítica, porque si el informe hubiera sido difundido, como de hecho ha sucedido en otras ocasiones por otras instancias, la respuesta del gobierno hubiera sido similar. Se ha perdido un referente que permita conocer de manera detallada al país.
El informe del Departamento de Estado no debe dejar de ser considerado y atendido sólo por quien lo hizo, guste o no su contenido. La respuesta airada lleva a los terrenos, en algunos casos atendibles, de cuestionar al mensajero más que revisar el mensaje.
No pasa por alto la historia de muchos años de las estrategias de EU en su relación con el mundo y con AL. Nuevos escenarios muestran la dinámica del mundo con variantes en su relación con EU; muchas cosas han cambiado, a pesar de nuestros vecinos.
No dejemos de plantearnos quién hizo el informe sin perder de vista la ausencia de autocrítica en EU. Sin embargo, hay que considerar que no tiene sentido descartar el contenido del mismo sólo por quien lo hizo.
El gobierno debe preguntarse cuál es el estado de las cosas en derechos humanos, más allá de una narrativa oficial insistente, al tiempo que cuestionable, en el sentido de que las cosas son diferentes desde que llegaron los que llevan 4 años y más en Palacio Nacional.
RESQUICIOS.
A lo largo de más de nueve meses fueron detenidas una gran cantidad de personas ligadas a El Chueco. El asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas nunca fue detenido. Para la Compañía de Jesús, “no fue el final que esperábamos y esto no quiere decir que se hizo justicia”.
